El votante no es el contable del presidente

Donald Trump ha sufrido una derrota política demoledora. Los demócratas han obtenido la mayoría en ambas cámaras del Congreso. El elevado coste de la vida y el descontento económico han contribuido a este resultado. Con ello, los votantes han privado al presidente de una parte de la base de poder parlamentaria en la que hasta ahora podía apoyarse.

De ello no se desprende todavía un juicio científico sobre cada una de las medidas de su gobierno. Las elecciones no resuelven cuestiones de manual de economía. Pero a veces obligan a los gobernantes a tomar nota de una factura que ya no puede ocultarse con anuncios públicos de éxitos.

Una familia no necesita conocer la teoría de la incidencia fiscal para notar la subida de los precios. Un empresario no necesita un seminario sobre la incertidumbre para aplazar una inversión cuyo cálculo queda inservible por los vaivenes de las decisiones del gobierno. Los ciudadanos sufren las consecuencias. Al gobierno le corresponde la responsabilidad de entender las relaciones de causa y efecto y de fundamentar sus decisiones en consecuencia.

Quien reclama para sí cada éxito no puede, cuando llegan los costes, invocar de repente las posibilidades limitadas del presidente.

El pensamiento a largo plazo fue parte del poder estadounidense

La fortaleza internacional de Estados Unidos surgió también de la capacidad de organizar el propio beneficio a lo largo de periodos prolongados. Sus gobiernos construyeron relaciones e instituciones dentro de las cuales otros países tenían motivos para cooperar. De ahí surgieron mercados para sus productos, oportunidades de inversión, apoyo político y ventajas financieras.

Esta política respondía a intereses. A menudo fue contradictoria y en absoluto estuvo libre de errores graves. Su valor estratégico residía en que tenía en cuenta la reacción de los socios más allá de la siguiente jornada de negociación. Un acuerdo debía seguir siendo útil mañana, aunque el presidente estadounidense fuera ya otro.

Es precisamente este horizonte temporal el que falta con demasiada frecuencia en la cuenta de resultados política de Trump. Una concesión arrancada a la fuerza se contabiliza públicamente como una ganancia. Lo que el socio aprende de ello, cómo modifica sus inversiones y qué dependencias evitará en el futuro apenas aparece en esa cuenta.

Para una gran potencia, esta es una simplificación peligrosa. Puede utilizar su posición durante un tiempo para imponer ventajas. Al hacerlo, debe distinguir si aumenta su capacidad futura de generar rendimientos o si se limita a consumir una parte de su capital político.

Bretton Woods: una ventaja que también benefició a otros

En julio de 1944, 44 Estados acordaron en Bretton Woods un nuevo orden monetario internacional. Los participantes debían mantener tipos de cambio fijos pero ajustables. El dólar constituía el punto de referencia central; Estados Unidos garantizaba a las autoridades monetarias extranjeras su convertibilidad en oro. El Fondo Monetario Internacional debía acompañar ese orden y prestar ayuda ante problemas de balanza de pagos.¹¹

Estados Unidos obtuvo una posición privilegiada. Al mismo tiempo, surgió para sus socios un marco en el que las relaciones económicas internacionales debían volverse más fiables tras la Gran Depresión y la guerra. La ventaja estadounidense iba unida a una prestación que otros países necesitaban.

En ello reside su importancia histórica. Los responsables crearon reglas para relaciones recurrentes. No había que empezar de cero en cada transacción a negociar las condiciones de la cooperación política. Reglas así amplían el horizonte temporal en el que las personas y las empresas pueden planificar.

Tampoco Bretton Woods fue una garantía permanente de éxito. El sistema contenía tensiones y acabó desmoronándose. Pero su construcción revela una forma de pensamiento político que concebía el propio orden económico como fuente de fortaleza nacional. Un país puede ganar precisamente abriendo a otros posibilidades fiables.

El último año de Nixon: capacidad de acción pese al Watergate

En 1971, Richard Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro. Para 1973, el sistema de tipos de cambio fijos se había desmoronado. Después, la guerra en Oriente Próximo y el embargo petrolero árabe agravaron la incertidumbre económica. Estados Unidos se enfrentaba a una crisis energética y a un orden financiero internacional transformado.^12,13

Nixon ya estaba gravemente debilitado por el Watergate. Aun así, su gobierno desarrolló en 1974 una cooperación más amplia con Arabia Saudí. Henry Kissinger combinó intereses económicos, técnicos y de seguridad. En junio se creó una comisión económica conjunta. El secretario del Tesoro, William Simon, procuró que los ingresos petroleros, que habían aumentado con fuerza, se invirtieran en el sistema financiero internacional.

Arabia Saudí necesitaba tecnología, infraestructuras, conocimientos especializados y oportunidades de inversión. Estados Unidos buscaba relaciones más estables, contratos económicos y un uso de los excedentes petroleros que sostuviera los flujos financieros internacionales. La posterior investigación de la GAO describió expresamente el vínculo entre desarrollo económico, relaciones políticas más estrechas y reciclaje de petrodólares.⁸

No fue entonces cuando el dólar se convirtió en la moneda de reserva mundial. Ese relato sería históricamente falso. La cooperación respaldó el papel internacional que ya tenía. Fue una pieza de un orden más amplio, no un tratado aislado que inventara el sistema monetario mundial.

Nixon dimitió en agosto de 1974. La cooperación continuó bajo su sucesor. En 1975 llegó un acuerdo técnico. Un presidente en pleno fracaso político dejó aquí una relación que sobrevivió a su salida.

Esto no excusa ni el Watergate ni los errores de política económica de Nixon. Muestra el valor de la competencia técnica del Estado y de la continuidad institucional. Un país debe poder actuar a largo plazo incluso cuando su jefe de gobierno está cada vez menos en condiciones de hacerlo.

El dólar no es un mérito personal

La posición internacional del dólar es un activo formado a lo largo de décadas. Se basa en el tamaño de la economía estadounidense, en unos mercados financieros profundos, en la seguridad jurídica y en la expectativa de poder mantener activos frente a Estados Unidos y, si es necesario, volver a venderlos. De ello se derivan condiciones de financiación más favorables para el Estado y las empresas.

Otros países no financian a Estados Unidos por gratitud. Buscan inversiones que respondan a sus propias necesidades. El privilegio estadounidense consiste en poder ofrecer activos especialmente adecuados para esa demanda. Conservarlo exige disciplina económica e institucional.

Quien daña la fiabilidad de las decisiones del Estado, de los datos independientes o de los compromisos a largo plazo trabaja contra los fundamentos de esta ventaja. Para ello, el dólar no tiene por qué perder del todo su papel de liderazgo. Un desplazamiento parcial de la demanda ya puede encarecer la financiación de Estados Unidos.

Por eso sería un notable error de cálculo celebrar los ingresos adicionales de un instrumento de presión a corto plazo y, al mismo tiempo, pasar por alto unos costes de financiación más elevados a largo plazo. Lo decisivo es el balance global. Este incluye también los daños que todavía no se hacen plenamente visibles durante el mandato de quien los causa.

Los aranceles no son regalos del extranjero

La política comercial debe juzgarse con la misma sobriedad. Los aranceles pueden proteger a determinadas empresas y proporcionar ingresos al Estado. Al mismo tiempo, gravan a importadores, empresas transformadoras y consumidores. Su distribución exacta debe investigarse. No obedece a ningún deseo presidencial.

La investigación sobre los aranceles de 2018 mostró una amplia traslación a los precios de importación estadounidenses. Economistas de la Reserva Federal hallaron además descensos relativos del empleo en las ramas industriales más afectadas, porque el encarecimiento de los insumos intermedios y las medidas de represalia extranjeras superaron los efectos positivos de la protección.^2,5,6

Una balanza comercial no es la cuenta de pérdidas de una empresa.

Un gobierno puede aceptar esos costes por razones de seguridad. En ese caso, debe identificar la dependencia en cuestión, elegir los instrumentos adecuados y explicar por qué el beneficio esperado justifica la carga. También debe examinar si las empresas protegidas se vuelven realmente más competitivas.

La afirmación de que el extranjero simplemente paga la factura solo ahorra este trabajo en el plano retórico. En el plano económico sigue siendo necesario. Igual de necesaria es la distinción entre un déficit comercial bilateral y una barrera comercial efectivamente demostrada. De la magnitud del primero no puede deducirse la magnitud de la segunda.

Una balanza comercial no es la cuenta de pérdidas de una empresa. Quien la trata así empieza su política con una idea equivocada de su objeto.

La imprevisibilidad tiene un precio

Una nueva planta de producción necesita algo más que aliento político. Necesita una expectativa sólida sobre ventas, costes, financiación y mano de obra. Cuanto más tiempo tarde la inversión en rentabilizarse, más importantes se vuelven las reglas bajo las que opera.

Los cambios frecuentes de aranceles, plazos y excepciones aumentan el valor de esperar. Una empresa aplaza un pedido, retiene liquidez o elige otra ubicación. La inversión que no se realiza no aparece en ninguna lista de fábricas cerradas. Aun así, falta en la capacidad productiva futura del país.

La investigación empírica asocia la incertidumbre política con inversiones aplazadas, un consumo más prudente y condiciones de financiación más desfavorables. Este efecto no es un juicio personal sobre Trump. Es un mecanismo económico que un gobierno responsable debe incorporar a sus decisiones.³

Los Estados socios también hacen cuentas. Quien se enfrenta regularmente a nuevas exigencias busca proveedores adicionales, mercados alternativos y mayores márgenes de maniobra propios. Esta cobertura es razonable. Sin embargo, puede costarle a Estados Unidos negocios e influencia. El socio puede ceder hoy e invertir de otra manera mañana.

Hayek y Keynes habrían objetado

Hayek y Keynes habrían discutido sobre muchas contramedidas. Aun así, como orientación para nuestra pregunta, de sus trabajos pueden extraerse dos exigencias: el liderazgo político debe reconocer los límites de su conocimiento y tomar en serio las expectativas de los demás.

El argumento de Hayek sobre el conocimiento disperso alcanza a todo intento de convertir la visión de conjunto de una sola persona en sustituto de la información descentralizada. Las empresas, los hogares y los organismos técnicos saben cosas que el jefe de gobierno no puede saber. Quien valora sus señales según la lealtad política reduce la calidad de sus propias decisiones.⁹

Keynes dirige la mirada hacia la inversión en condiciones de incertidumbre y hacia la posibilidad de que una economía no aproveche plenamente su capacidad productiva. La confianza personal de quien ocupa la presidencia no basta para generar disposición a invertir en el sector privado. También las expectativas deben apoyarse en condiciones comprensibles.¹⁰

La perspectiva institucional de Acemoglu añade la cuestión del poder: ¿pueden las nuevas empresas, los nuevos conocimientos y las personas nuevas desafiar los intereses establecidos? ¿Se aplican las reglas de forma general? ¿O es la cercanía política la que decide quién obtiene oportunidades?¹

De ello no se deriva un programa común de estos autores. Pero sí surge una pregunta de control clara: ¿preserva una política las condiciones en las que el conocimiento, la iniciativa y la competencia pueden ser productivos a largo plazo?

Quien vive de la herencia puede exhibir buenas cifras

Una economía fuerte puede seguir creciendo pese a una política perjudicial. Las empresas desarrollan nuevos productos. Los trabajadores mejoran sus capacidades. Las inversiones anteriores dan sus frutos. Otras medidas políticas pueden compensar las cargas. Por ello, la relación entre una decisión de gobierno y el resultado macroeconómico no es ni inmediata ni unívoca.

En su proyección de febrero de 2026, la CBO sigue previendo crecimiento en Estados Unidos. Al mismo tiempo, atribuye a la subida de los aranceles un menor producto económico respecto a una evolución sin esos cambios. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez.⁴

Por eso, la pregunta correcta es también cuánta prosperidad habría sido posible en condiciones más fiables. Las inversiones no realizadas, las cooperaciones perdidas y los menores avances de productividad son costes reales. Quienes los causan pueden alegar fácilmente que, a pesar de todo, la economía sigue creciendo.

Aquí la cuenta política se asemeja a la de una empresa que suprime inversiones de mantenimiento necesarias. A corto plazo mejora el beneficio contabilizado. La factura llega más tarde. Un gobierno no puede aprovechar ese desfase temporal para presentar como prosperidad de nueva creación lo que retira del patrimonio existente.

El populismo reparte esperanza y deja costes

Quien vende el consumo de la sustancia acumulada a largo plazo como prosperidad de nueva creación recurre a un método central de la política económica populista: se exhibe la ventaja inmediata y se silencia la factura posterior. Este procedimiento no es privilegio ni de la izquierda ni de la derecha.

Los daños económicos han sido estudiados empíricamente. Manuel Funke, Moritz Schularick y Christoph Trebesch analizaron 51 jefes de gobierno populistas entre 1900 y 2020. Al cabo de 15 años, el producto interior bruto per cápita era en promedio alrededor de un diez por ciento inferior al de una evolución contrafactual plausible sin liderazgo populista. No es un pronóstico para cada caso concreto. Es una pérdida considerable de prosperidad a largo plazo.⁷

Con ello aún no está demostrado quién pierde cuánto dentro de una sociedad. Pero la distribución merece especial atención. Quien vive de sus ingresos corrientes y apenas tiene ahorros puede oponer poca resistencia a la subida de los precios, al deterioro de los servicios públicos y a la inseguridad laboral. El patrimonio y las relaciones políticas, en cambio, pueden ofrecer protección y vías de escape.

Por tanto, la pretensión de gobernar para el pueblo no sustituye un cálculo distributivo. Hay que examinar quién soporta los costes, quién obtiene excepciones y quién se beneficia del acceso al poder. Allí donde los gobernantes o su entorno se enriquecen, al fracaso económico se suma el abuso del cargo. Esto debe probarse de forma concreta.

Lo políticamente inadmisible es que precisamente aquellos a quienes se dieron las mayores esperanzas son los más vulnerables. Su decepción no debe convertirse de nuevo en materia prima de la misma política.

La democracia debe aprovechar ahora su ventaja

Las elecciones de mitad de mandato han hecho posible una corrección. Las nuevas mayorías permiten, a partir de enero, un control parlamentario más estricto. No garantizan ni una política mejor ni una rápida recuperación de las relaciones dañadas. También los demócratas deberán dejar que sus propuestas se midan por sus costes, sus efectos secundarios y sus resultados.

Su tarea va más allá de investigar las faltas del pasado. Deben contribuir a crear condiciones más fiables para la inversión, el trabajo científico y la cooperación internacional. Los compromisos vigentes deberían poder verificarse y los cambios justificados deberían producirse de manera comprensible. Este trabajo es menos espectacular que el próximo anuncio presidencial. Su efecto puede durar más.

La ventaja de las instituciones democráticas reside en la posibilidad de limitar el poder y de corregir los errores de forma pacífica. Para ello, los implicados deben admitir la información que los contradice. Un parlamento que solo organiza la adhesión cumple esta función tan poco como un gobierno que trata las malas noticias como una deslealtad personal.

Los políticos son elegidos para pocos años. Muchas de sus decisiones surten efecto durante décadas. Por eso, un liderazgo responsable debe preservar opciones cuyo beneficio solo se hará visible después de su propio mandato. No se trata de una virtud especial de determinados estadistas. Forma parte del ejercicio adecuado del cargo.

Precisamente Europa no debería extraer de ello una cómoda superioridad. También aquí se aplazan inversiones necesarias, se protegen intereses organizados y se financian alivios a corto plazo a costa de las posibilidades futuras. Por eso, las elecciones estadounidenses son también una invitación a examinarse a sí misma. Quien critica a Washington por su falta de fiabilidad debe ofrecer él mismo reglas previsibles. Quien exige conocimiento científico debe aceptar los hallazgos incómodos también cuando contradicen sus propias preferencias políticas. El pensamiento a largo plazo empieza con la disposición a asumir hoy costes cuyo beneficio recibirán otros más adelante. Esta disposición no puede sustituirse ni por la autocomplacencia nacional ni por la crítica legítima a un presidente estadounidense.

«It’s the economy, stupid» sigue siendo un recordatorio útil. La fortaleza estadounidense la construyeron generaciones capaces de pensar más allá del próximo acuerdo. Trump deberá ser juzgado por el acervo de confianza, conocimiento y margen de acción que entregue a su sucesor.

Los ciudadanos afectados suelen ser los primeros en pagar la factura de la sinrazón política. En estas elecciones han devuelto una parte de ella a los responsables. Que esto llegue a ser algo más que una derrota electoral dependerá de que Washington vuelva a aprender a hacer cuentas más allá del próximo acuerdo.